Reducción de la jornada laboral

Editorial Diario Financiero 30 de Abril de 2009

Hoy el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dará a conocer la cifra de desempleo para el trimestre móvil enero-marzo. De acuerdo a las proyecciones del mercado, la tasa de desocupación seguirá mostrando importantes alzas, las que se irán incrementando en el transcurso del año.

En efecto, todos los indicios muestran que el mercado laboral se ha ido deteriorando con mayor rapidez a lo estimado en un principio. Ello, quedó claramente reflejado con la última cifra de desempleo del Gran Santiago, entregada la semana pasada por la Universidad de Chile y que arrojó una desocupación de 12,8%.

Ante este escenario, se hace más necesario la aplicación de medidas de shock para mitigar este flagelo que puede llegar a afectar a cerca de un millón de personas a finales de año. Una de las propuestas interesantes es la planteada esta semana por el Centro de Estudios Públicos (CEP) y que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral con subsidio estatal. Esta es una medida que ha sido barajada por distintos sectores, pero -por primera vez- se hace un estudio concreto de los costos y beneficios que ella tendría.

La propuesta del CEP implicaría un costo de US$ 214 millones por cada episodio recesivo, menor incluso a los actuales recursos involucrados en los empleos de emergencia. En ese sentido, la propuesta del CEP es concreta, oportuna y eficiente para paliar el desempleo, ya que generaría incentivos a las empresas para reducir fuertemente el número de despidos por la crisis.

La reducción de la jornada laboral es un mecanismo idóneo para enfrentar el actual cuadro de desaceleración y preservar los puestos de trabajo. Todo esto, acompañado de un subsidio estatal que le permita al trabajador no ver un impacto en sus ingresos y al empleador rebajar los costos que encierran los despidos.

Además, dado los costos relacionados, debiera ser una medida mucho más eficiente que los actuales empleos fiscales, que -si bien suplen ingresos de las personas afectadas- suelen ser trabajos muy precarios y no aportan mucho a la productividad que necesita la economía chilena.

En ese sentido, el mecanismo propuesto por el CEP sin duda que tiene muchas ventajas respecto a otras iniciativas de emergencia y sería saludable que esto sea analizado en forma seria y rápida por las autoridades de gobierno, de manera de tener herramientas en la mano para poder aplicarlas a partir de ahora y en el futuro -de modo automático- en función de escenarios de alto desempleo en el país.

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